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Retroacción de actuaciones

Cuando se produce un defecto formal en un procedimiento y se estima en parte una reclamación realizada ante un tribunal, es muy frecuente que se acuerde retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo ese vicio formal para que sea subsanado, tras lo cual se dictará un nuevo acto administrativo o una nueva resolución.

Pero ¿qué ocurre si no se trata de un defecto formal y esa retroacción no ha sido pedida por las partes?

En este caso el tribunal económico-administrativo no puede ordenar una retroacción de actuaciones. Así lo ha indicado el Tribunal Supremo en su sentencia de 22 de julio de 2021, en la que establece que una resolución únicamente puede ordenar la retroacción de actuaciones en aquellos casos en que se aprecie la existencia de defectos de forma en el acto impugnado o en la tramitación del procedimiento, cuando dichos defectos hayan disminuido las posibilidades de defensa del reclamante, pero no puede servir para corregir defectos sustantivos del acto impugnado.

Por tanto, si una resolución acuerda la retroacción de actuaciones para subsanar un defecto, habrá que estudiar muy bien si esta decisión resulta procedente o no, porque solo procederá cuando ha habido un defecto formal en la tramitación que haya podido causar indefensión, pero no puede servir para dar la oportunidad a la Administración de corregir una actuación de fondo contraria al ordenamiento jurídico.

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